La libertad de expresión es un derecho esencial para la democracia ya que cumple la función primordial de garantizar que la ciudadanía exprese libremente sus opiniones y convicciones políticas. Dicha libertad, por un lado, complementa a la libertad ideológica y de conciencia –con su ramificación en la libertad religiosa– y, por otro lado, fundamenta a la libertad de prensa, así como a los derechos civiles y políticos de asociación, reunión y manifestación. Por esta razón, se considera que la libertad de expresión es un pilar de la sociedad democrática en virtud de garantizar la reflexión pública, el disenso político y el reconocimiento de la pluralidad.¹

Históricamente, los fundamentos filosóficos de la libertad de expresión se encuentran estrechamente vinculados al desarrollo del pensamiento político liberal anglosajón durante los siglos XVII, XVIII y XIX. En efecto, debido a la Ilustración y a la emergente noción de tolerancia –en principio de cariz religioso y posteriormente secular–, la libertad de expresión es considerada un mecanismo esencial para la exposición y debate de ideas, y con ello la formación de la opinión pública

Así, por ejemplo, en 1644, el poeta inglés John Milton fue el primer pensador que denunció las restricciones impuestas a la libertad de prensa. En 1776, la Constitución del Estado de Pennsylvania reconoció el derecho a la libertad de expresar, escribir y publicar las opiniones de las personas, por lo que la libertad de prensa no debía de ser coartada; esto inspiró la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América en 1791, la cual estableció que en el Congreso no dictaría ninguna ley que coartara la libertad de la palabra o de la prensa. A su vez, en 1859 el filósofo inglés John Stuart Mill publicó su ensayo On Liberty² (Sobre la libertad), el cual hace se considera una obra paradigmática a favor de la libertad de expresión. Estos acontecimientos significaron las bases doctrinales sobre las que se desarrolló la libertad de expresión como un fundamento de la democracia liberal.

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En la actualidad, la importancia clave de la libertad de expresión es una consecuencia de sus tres funciones dentro de los sistemas democráticos: 1) permitir la expresión y proyección de ideas; 2) hacer posible el funcionamiento de la democracia; y 3) ser un medio para el ejercicio de otras libertades y derechos.

Debido a su trascendencia para la vida democrática, la libertad de expresión ha sido reconocida como un derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en su Artículo 19 se proclama que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”³

De igual manera, la libertad de expresión ha sido consagrada como un derecho fundamental, esto es, un derecho reconocido en los ordenamientos jurídicos vigentes (Constitución). En nuestro país, el Artículo 6° de la Constitución consagra la libertad de expresión en los siguientes términos: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”⁴

Ahora bien, desde los planteamientos de la teoría democrático-liberal, la libertad de expresión puede entenderse como una libertad pública, esto es, posibilita que toda la ciudadanía participe pluralmente de las cuestiones esenciales que le conciernen. Por esta razón es que sin libertad de expresión no puede haber democracia, pues toda democracia supone el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política y este derecho no se podría ejercer si la ciudadanía no pudiese expresar libremente sus opiniones y convicciones políticas.

De acuerdo con el filósofo italiano Norberto Bobbio, la libertad de expresión, de reunión y asociación, logran un impacto positivo en la democracia, toda vez que una de las condiciones primarias para hablar de la existencia de un sistema democrático es precisamente la transparencia en el poder y que la toma de decisiones colectivas tiene su origen en la participación y discusión pública de la ciudadanía.

Bobbio sostiene que las reglas de la democracia, las cuales denominó “procedimientos universales” (universali procedurali), indirecta y directamente se encuentran relacionadas con el ejercicio de la libertad, a saber:

• 1. Todos los ciudadanos mayores deben disfrutar de plenos derechos políticos, incluido el de expresar su opinión y elegir a quien la exprese por él.
• 2. El voto de todos los ciudadanos debe tener el mismo peso.
• 3. Todos los que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres para poder votar según la propia opinión, formada lo más libremente posible, en una competición autónoma entre grupos políticos organizados en concurrencia entre ellos;
• 4. Los ciudadanos deben también ser libres en el sentido de que deben ser puestos en la condición de elegir entre soluciones diversas.
• 5. Tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas debe valer la regla de la mayoría numérica, y
• 6. Ninguna decisión tomada por la mayoría debe limitar el derecho de la minoría, particularmente el derecho de convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones.⁵

Hoy en día se habla de una doble naturaleza de la libertad de expresión, por una parte, como un derecho subjetivo, y, por otra parte, como una garantía institucional que facilita el surgimiento de una opinión pública. Esto significa que la libertad de expresión no sólo implica el poder expresarse de manera libre y sin amenazas o sanciones, sino también buscar, recibir y difundir ideas, con ello se posibilita la existencia de una ciudadanía bien informada para tomar decisiones.

Hasta la década de 1980, la quiebra democrática sucedía a través de un “golpe de Estado”, con el cual instauraba un régimen autocrático (autoritario).

Los desafíos que enfrenta a nivel mundial la libertad de expresión se manifiestan igualmente en México y, en ciertas ocasiones, en algunas de sus formas más agudas. Entre algunos de estos desafíos se pueden mencionar: las limitaciones al derecho de acceso a la información; la discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, particularmente en agravio de los grupos históricamente menos favorecidos; los mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación; las restricciones a la libertad de expresión frente a criterios de seguridad y las presiones comerciales que condicionan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público, entre otras.⁶

La referida libertad representa un derecho fundamental que enriquece el mosaico de la pluralidad política e ideológica de la vida democrática. Por ello mismo, las excepciones a dicho principio general deben darse sólo por causas especialmente justificadas, que además no pueden desligarse del contexto histórico y del ámbito de aplicación de la ley. Asimismo, las restricciones a la libertad de expresión por parte de los poderes públicos pueden ser consideradas ataques a la democracia misma.⁷

En democracia, la vida política requiere de la voz de todas, al igual que se debe contar con la posibilidad de que cada persona pueda expresarse libremente. Esto es, la vida democrática implica la participación no sólo en los mecanismos de decisión sobre las cuestiones que afectan a la colectividad, sino también, y previamente, en el debate público a través del cual se configura la voluntad colectiva, que luego se refleja a través del ejercicio del voto. Finalmente, la libertad de expresión es necesaria para poder juzgar y exigir responsabilidades a los gobiernos, pero también para mantener una ciudadanía informada y activa.