Los derechos civiles y políticos se refieren a los derechos individuales y libertades fundamentales que poseen las personas en una sociedad democrática, los cuales conllevan la obligación del Estado de respetarlos y garantizarlos sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder político en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación la ciudadanía en los asuntos públicos.
Algunos derechos civiles fundamentales son: el derecho a la vida; derecho a la libertad; derecho a la seguridad personal; el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; el derecho a la libertad de expresión y de opinión o el derecho a la propiedad. Entre los derechos políticos se pueden mencionar: el derecho a votar (conocido también como el voto activo); el derecho a ser votado (voto pasivo) o el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
Derechos civiles fundamentales
Históricamente, este conjunto de derechos surgió como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del Siglo XVIII, a saber, la Independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. No obstante, en América Latina fue diferente; la pauta en esta región fue conseguir primero algunos derechos sociales; después, los derechos civiles y políticos se extendieron en procesos de democratización recientes.
De acuerdo con la interpretación clásica de Marshall, los primeros derechos en desarrollarse fueron los civiles, vinculados a la libertad individual, le seguirían los derechos políticos que dan al individuo la oportunidad de participar en la vida política. La razón principal de esta esquematización es que los derechos políticos derivan de los civiles, toda vez que éstos últimos constituyen a la persona y, por tanto, son el supuesto esencial y necesario para el ejercicio de los derechos políticos.1
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), en su artículo 35 reconoce el derecho a votar en las elecciones populares y el derecho de ser votado para todos los cargos de elección popular. A su vez, en el artículo 9 constitucional se reconoce el derecho de asociación política, que refiere que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Sin embargo, cuando se trate de reunirse con fines políticos, este derecho estará reservado a las personas que ostentan la ciudadanía mexicana.2
Hoy en día, la democracia y los derechos civiles y políticos son interdependientes. De acuerdo con Bovero, existen Estados cuyo reconocimiento como regímenes democráticos se basa simplemente en la realización de elecciones limpias y periódicas (denominadas como democracias formales), mientras que otros Estados no sólo contemplan dicho procedimiento, sino que también deben cumplir con ideales o contenidos ético-políticos, como la vigencia y protección de los derechos civiles y políticos (democracias sustanciales).3 En las primeras, los derechos civiles y políticos no forman parte directamente de la noción misma de democracia, en cambio, en las segundas, dichos derechos –y más aún, los derechos humanos en su conjunto– resultan necesarios para el óptimo funcionamiento de un sistema democrático.
Debido a esta razón, las coyunturas derivadas de las transiciones de regímenes autocráticos (dictaduras) a regímenes democráticos a finales del Siglo XX (la “tercera ola democrática” de acuerdo con Huntington4), hicieron que en los albores del Siglo XXI se determinara la necesidad de comparar ciertos “criterios mínimos”, de forma que un régimen pueda ser considerado una democracia (o no) más allá de la mera elección periódica de sus gobernantes. En este sentido, los derechos civiles y políticos adquirieron mayor importancia en el funcionamiento de las democracias y, sobre todo, en su evaluación.
En la actualidad, uno de los temas que suscita mayor inquietud para las democracias son los “procesos de autocratización”,5 esto es, que a cada “ola de democratización”, la sucede una contraola en la que la democracia retrocede para instalar un régimen autocrático (autoritario). Esto es, que los gobiernos abandonan los estándares democráticos y el principal indicador son las violaciones los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles y políticos. De acuerdo con el Democracy Index 2018, únicamente 20 países en el mundo pueden considerarse como democracias plenas (los derechos civiles y políticos no sólo son respetados, sino también reforzados por una cultura política conducente con los principios democráticos), mientras que 55 países fueron clasificados como democracias defectuosas (existen elecciones justas y libres y se respetan los derechos civiles y políticos, pero pueden presentar problemas), 39 países son considerados regímenes híbridos (existen irregularidades en las elecciones que regularmente impiden que sean justas y libres, suelen tener gobiernos que ejercen presión sobre la oposición política) y 53 regímenes autoritarios (las elecciones (si se realizan) no son justas y libres y las violaciones a los derechos civiles y políticos son comunes).6
Según el panorama que presenta el Índice de Democracia, el principal reto de la democracia no es contar con elecciones limpias, o condiciones de competencia más equitativas, sino mejorar la forma en la que se ejerce el poder político, pues no sólo las instituciones democráticas presentan una baja credibilidad, sino que los abusos de dicho poder se han traducido en restricciones injustificables a los derechos civiles y políticos de las sociedades democráticas. En los últimos años, países como Estados Unidos, Francia e Italia han retrocedido en dicho índice debido, entre otras razones, a un deterioro en el respeto de los derechos civiles y políticos.
Hasta la década de 1980, la quiebra democrática sucedía a través de un “golpe de Estado”, con el cual instauraba un régimen autocrático (autoritario).
Hoy en día, de acuerdo con Levitsky y Ziblatt, las democracias mueren desde adentro, es decir, la democracia está siempre en construcción y las elecciones que la edifican también pueden demolerla. Un problema de la democracia es que, a diferencia de las autocracias, se concibe como permanente y, sin embargo, al igual que los regímenes autoritarios, su supervivencia nunca está garantizada.7
Apesar de que los derechos civiles y políticos son formal y legalmente reconocidos, la ciudadanía pocas veces los demanda, tiende a no actuar de acuerdo con sus principios y valores y, sobre todo, no esta plenamente consciente de ellos. En muchos países el régimen democrático coexiste con un Estado de derecho intermitente y sesgado, incluso no impera la legalidad del Estado, sino otros tipos de orden informal. Esta situación tiene consecuencias graves para el orden democrático y social, principalmente porque, siendo los derechos civiles los más básicos para la ciudadanía, la falta de conocimiento y ejercicio de estos derechos se traduce en graves distorsiones y discapacidades en el ejercicio y reclamo de otros derechos.
En este sentido, las discusiones sobre la democracia por mucho tiempo se concentraron en torno a los procesos electorales. Sin embargo, desde hace unos años se ha quedado corto este enfoque y en su lugar se debaten otros esquemas de democracia donde la ciudadanía ejerce sus derechos civiles y políticos de forma más activa y continua. A lo largo del tiempo, las sociedades son cada vez más conscientes de que la participación ciudadana es fundamental para regular el Estado, con el fin de que este proteja los derechos de las personas. Para mantener un democracia plena es necesario reafirmar y ejercer cotidianamente los derechos civiles y políticos.